Este verano de 2025 ha sido escenario de una devastadora oleada de incendios forestales en España, con más de 400 000 hectáreas calcinadas. Ante esta situación, el Gobierno ha declarado numerosas zonas como “catástrofe” o “áreas afectadas por emergencia”, permitiendo la activación de ayudas públicas, exenciones fiscales y nuevas convocatorias de indemnización
Deberes y posibles responsabilidades de las administraciones públicas
Las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen la obligación legal de elaborar y ejecutar planes anuales de prevención y extinción de incendios, de acuerdo con la Ley de Montes y normativa sectorial. La Fiscalía de Medio Ambiente está investigando si su ausencia o aplicación defectuosa ha agravado la magnitud del desastre, planteando incluso la posibilidad de responsabilidades penales para administraciones incumplidoras.
Desde un enfoque civil y contencioso-administrativo, la responsabilidad patrimonial de las administraciones puede activarse si se demuestra que, por “funcionamiento anormal” o inacción, se causaron daños que los afectados no tenían el deber jurídico de soportar. La jurisprudencia reciente refleja que los titulares afectados (por ejemplo, juntas vecinales propietarias de montes) están legitimados para interponer reclamaciones directas, aunque deben cumplir los plazos de prescripción y demostrar el nexo causal.
Qué pueden reclamar los afectados: seguros y vías públicas
Los particulares suelen contar con seguros de hogar que cubren incendios accidentales o provocados salvo negligencia grave. Es fundamental comunicar el siniestro en plazos —normalmente 7 días— aportar documentación visual, facturas y contactar con la compañía para iniciar el peritaje y la indemnización. En caso de discrepancias, se puede acudir al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros o acudir a la vía judicial.
Si no se cuenta con cobertura o si los daños superan la póliza, los afectados pueden acceder a ayudas públicas habilitadas mediante real decretos. Por ejemplo, en Castilla y León se han establecido apoyos que van desde 500 euros para familias evacuadas hasta más de 185 000 € por vivienda perdida. La declaración de zona catastrófica también abre la puerta a solicitudes de reparación patrimonial contra las administraciones responsables.
Recomendaciones prácticas desde ASINTER
- Actuar sin demora: Garantizar la comunicación rápida del siniestro, recopilando todas las pruebas (fotos, vídeos, facturas, informes técnicos).
- Verificar seguros: Revisar los términos de cobertura y si procede, enviar reclamaciones formales y preparar la vía judicial si la respuesta es insatisfactoria.
- Explorar ayudas públicas: Informarse de las convocatorias activas (estatales, autonómicas o locales) y presentar los documentos requeridos.
- Valorar reclamaciones administrativas: Si se aprecian omisiones en materia de prevención, considerar acción patrimonial frente a la administración competente, o incluso vía penal si existen indicios de negligencia grave o ausencia de planes legales.
- Asesoramiento especializado: Elaborar una estrategia jurídica clara, documentar cuidadosamente cada paso y asesorar a los afectados sobre ejercicio de acciones contra seguros, administraciones o responsables directos.
