Cambios en los contratos de alquiler de vivienda: ¿qué deben saber propietarios e inquilinos?
El mercado del alquiler de vivienda vuelve a estar de actualidad tras la aprobación del Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, que introduce importantes modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La nueva regulación pretende reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual y ofrecer mayor protección a los arrendatarios.
Pero ¿cómo afectan estos cambios a propietarios e inquilinos?
1. Nuevas reglas sobre la duración de los contratos
Una de las principales novedades afecta a la duración y prórroga de los contratos. Una vez transcurrido el periodo mínimo legal de cinco años, o siete años cuando el arrendador sea una persona jurídica, el contrato podrá prorrogarse por periodos sucesivos de cinco o siete años, respectivamente, salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de no renovarlo en los plazos establecidos.
2. Mayor plazo de preaviso para el propietario
La nueva regulación amplía a seis meses el plazo de preaviso que debe respetar el arrendador para comunicar su voluntad de no prorrogar el contrato. Para el inquilino, el plazo de comunicación se mantiene en dos meses.
Esta modificación busca que el arrendatario disponga de más tiempo para organizar una posible mudanza y encontrar otra vivienda.
3. Posibles indemnizaciones por la no renovación
Otra de las novedades relevantes es la previsión de una indemnización a favor del inquilino cuando el propietario comunique válidamente su voluntad de no prorrogar el contrato, con determinadas excepciones previstas legalmente.
Por ello, antes de comunicar una no renovación, resulta especialmente importante conocer las circunstancias del contrato y las consecuencias jurídicas que pueden derivarse.
4. ¿Cuándo entran en vigor estos cambios?
El Real Decreto-ley establece como fecha de entrada en vigor el 15 de noviembre de 2026. No obstante, debe tenerse en cuenta su régimen transitorio y la situación de su convalidación parlamentaria.
Conclusión
Las modificaciones introducidas pueden tener consecuencias importantes para ambas partes de un contrato de alquiler. Por eso, tanto propietarios como inquilinos deberían revisar sus contratos y conocer sus derechos y obligaciones antes de tomar decisiones.
Ante cualquier duda sobre la duración, renovación o finalización de un arrendamiento, contar con asesoramiento jurídico puede evitar conflictos y problemas futuros.
